A PROPÓSITO DE VARIAS NOTICIAS DE AYER…

ArcelorMittal niega ser la responsable del vertido del domingo a aguas de la ría

La compañía asegura que en sus instalaciones no existen indicios de ningún escape
FERNANDO DEL BUSTO
| AVILÉS

La mancha, el pasado domingo / COLECTIVO ECOLOGISTA

Las evidencias del vertido permanecían ayer lunes en la ría. /TANIA

Ayer lunes aún flotaban muertos en la ría. / TANIA

fdelbusto@lavozdeaviles.com
ArcelorMittal negó ayer de forma oficial ser la responsable del último vertido contaminante a la ría de Avilés y que fue denunciado el pasado domingo por el Colectivo Ecologista de Avilés (CEA), que alertó sobre la existencia de una mancha oleaginosa y la presencia de peces muertos en el canal del paseo, en las inmediaciones del Centro Cultural Óscar Niemeyer. De hecho, durante la mañana de ayer aún se podían ver restos del vertido, incluyendo los cuerpos de peces muertos. Las condiciones del tiempo favorecían que los restos de la mancha siguiesen en el canal.
En su denuncia, CEA apuntó a ArcelorMittal como principal sospechoso del vertido. Sin embargo, la compañía siderúrgica negó ayer cualquier responsabilidad. En un comunicado, la empresa aseguró que, tras una investigación en sus instalaciones no se habían detectado restos que indicasen su autoría del vertido.

La FSA rechaza la propuesta del Principado de cobrar al usuario por el abuso de las urgencias

ANDRÉS SUÁREZ
| OVIEDO
La propuesta del Principado de alcanzar un acuerdo nacional para cobrar a los usuarios que abusen de los servicios de urgencias de los hospitales generó ayer una cascada de reacciones, todas ellas negativas. La más contundente y llamativa, por venir del principal grupo que sustenta al Gobierno, fue la de la Federación Socialista Asturiana. «Ni el partido en Asturias, ni en términos nacionales, ni la Consejería de Salud apuestan por esa u otras fórmulas de copago o penalización», señaló el secretario de Organización, Jesús Gutiérrez. Al descontento con la iniciativa se sumaron también Izquierda Unida, PP y las asociaciones de pacientes.
En términos generales, el planteamiento del Ejecutivo, adelantado por este periódico, pasa por alcanzar un pacto entre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas para cobrar a aquellos usuarios que, «de forma injustificada», acudan a las urgencias de los hospitales cuando podrían resolver sus problemas en el centro de salud. Sería una especie de penalización, un mecanismo disuasorio, con el objetivo último de mejorar la calidad del servicio y mitigar la fuerte presión asistencial a la que suelen estar sometidas las urgencias hospitalarias.
«Esa no es la posición ni de la FSA ni de la Consejería de Salud», replicó Gutiérrez, que, «para que no quede ninguna duda al respecto», instó a consultar el programa electoral de los socialistas asturianos, «donde no se recoge ningún planteamiento de estas características». Asturias, reflexionó, «no puede ir por libre» en materia sanitaria, por lo que cualquier propuesta que se quiera sacar adelante «debe debatirse en el ámbito estatal». Y en ese marco, «y cuando llegue el momento», los socialistas del Principado «expondremos nuestros planteamientos».
Que no pasan ni por copagos ni por medidas disuasorias de corte económico, apostilló el número dos de la FSA, que sí admite que es necesario buscar fórmulas para mejorar la eficacia de las urgencias hospitalarias, pero por otras vías. Por ejemplo, las campañas de concienciación ciudadana. El copago no, «porque aquí no estamos hablando de un cambio del modelo», sino de la introducción de «mejoras continuas» en la gestión que garanticen la eficiencia y la calidad de una sanidad «pública». Y Gutiérrez incide en el concepto 'público', frente a las advertencias vertidas por el Partido Popular de que el PSOE quiere privatizar la salud. Algo, asevera, rotundamente falso.
Gutiérrez, asimismo, matiza que las palabras del consejero de Salud, Ramón Quirós, respecto al gasto farmacéutico, no son en modo alguno una defensa del copago. Quirós, en más de una ocasión, ha aludido a la injusticia de que un jubilado con una pensión alta acceda gratis a los medicamentos, cuando una persona en paro y con hijos tiene que pagarlos. «Eso no es hablar de copago sino abrir un debate sobre el concepto de equidad», objetó el secretario de Organización, partidario de abrir una reflexión pública a este respecto.
Política fiscal
En último término, Gutiérrez presumió de la apuesta socialista por una sanidad «pública y de calidad», partiendo de la base de una sólida red de hospitales comarcales. Aseguró, asimismo, que el reto ahora es encontrar vías para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema, aplicando políticas de contención del gasto «sin recurrir a cuestiones extrañas».
También Izquierda Unida, socio de gobierno de los socialistas, se mostró en contra de la iniciativa. Pensar en cobrar por el abuso de las urgencias «no tiene nada que ver» con la financiación de la sanidad, entiende su coordinador, Jesús Iglesias, que cree que la solución a los males económicos que aquejan al sistema debe llegar por la vía tributaria, «a través de un mecanismo fiscal progresivo según el cual pague más el que más tiene».
Iglesias considera que la sanidad debe considerarse «un derecho de ciudadanía» y que es erróneo identificar al usuario «como un cliente que tiene que pagar un precio». La clave, insiste, es profundizar en la progresividad fiscal, «y lo demás sólo intentos de crear confusión».
El PP, mientras, ve en el debate sanitario una cuña por la que introducir su mensaje de oposición. Ayer aprovechó el planteamiento del Ejecutivo sobre el servicio de urgencias para endurecer aún más su mensaje. «En plena epidemia de gripe A, echar la culpa de todos los males al paciente es una macabra tomadura de pelo», criticó su presidente, Ovidio Sánchez.
El líder popular se preguntó si el Gobierno quiere que los ciudadanos «esperen en casa a ver si lo que tienen no es grave o les da un infarto», y criticó al gabinete de Vicente Álvarez Areces por «dar palos de ciego» e intentar encubrir con ocurrencias «el fracaso de su gestión».
A los reproches se sumó también el portavoz de la formación opositora en materia sanitaria. Carlos Galcerán habló del «patológico afán recaudatorio» del Gobierno, al que criticó duramente por 'olvidar' que los ciudadanos ya financian la sanidad a través de los impuestos.
Rebelión
En el debate terció la asociación El Defensor del Paciente. Su presidenta, Carmen Flores, tildó de «descerebrada» la propuesta del Gobierno asturiano, e instó a los ciudadanos a «rebelarse» y «no pagar ni un solo euro» si el Principado u otras administraciones autonómicas se deciden a introducir medidas «de recorte» de las prestaciones públicas.

La Ucayc pide a la Policía Local «más sensibilidad» en el control del accesos al centro

Daniel Quirós defiende que los bolardos no impidan llegar hasta algunos comercios, como sucedió en una clínica veterinaria
FERNANDO DEL BUSTO
| AVILÉS

Un vehículo policial accede al casco histórico. / MARIETA

«Perplejidad». Con esa palabra resumió ayer Daniel Quirós, presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) su sensación después de leer en LA VOZ DE AVILÉS la noticia de que la Policía Local había negado a un cliente el acceso hasta una clínica veterinaria situada en la calle de Palacio Valdés con su turismo, adonde trasladaba un animal enfermo con un peso de 50 kilos.
Desde la Ucayc, una de las entidades que apoyó la puesta en marcha del sistema de regulación de accesos al casco histórico mediante bolardos, se defiende la «necesidad de tener una sensibilidad hacia ciertos casos, como el que leímos en el periódico. Se veía claramente que no era un abuso»,
Quirós destacó que la puesta en marcha de los bolardos y su funcionamiento «está siendo una medida positiva para el comercio de la ciudad, pues ve cómo hay más peatones. Es evidente que las zonas peatonales se encuentran ahora mucho mejor».
En este contexto, el presidente de la Unión de Comerciantes reconoce que, en ese contexto, «aparecen situaciones complejas que se deben tratar de resolver con la máxima sensibilidad». Para Quirós, el caso desvelado por este diario obliga a una «sensibilidad especial de la Policía Local».
Quirós considera que se debe facilitar el paso a una clínica veterinaria cuando se lleva a un animal de grandes dimensiones del vehículo y se encuentra enfermo. «Debemos reclamar más atención para estas situaciones especiales», comentó.
Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Luis Ramón Fernández Huerga, declinó ayer hacer declaraciones sobre los hechos denunciados..
A mediados del pasado mes de julio se cumplió el primer año de funcionamiento del nuevo mecanismo para regular el control de accesos al centro mediante bolardos. Durante ese tiempo se utilizó medio millón de veces sin que, según el Ayuntamiento, se hubiesen registrado incidentes graves.