CHIC@S, A ESTUDIAR MEDICINA

Y es que, parece ser, cuando nos pongamos enfermos, tenemos que saber si lo nuestro se cura con un analgésico o estamos de extrema gravedad.

Y si no sabemos distinguir y, que sé yo, te asustas por que tú o un familiar tuyo se pone enfermo de pronto, te puede caer una multa…

O sea, que o te quedas en casa y esperas a ver si te curas o te mueres, o te arriesgas a que te curen y te pongan una multa… ¡En fin!

El Principado plantea un pacto nacional para cobrar al usuario que abuse de las urgencias

Propone que los pacientes que acudan al hospital con problemas que pueden solventarse en uncentro de salud sean penalizados

ANDRÉS SUÁREZ

Varios usuarios, en el servicio de urgencias del hospital de Cabueñes. / J. PAÑEDA

En el proceso de búsqueda de soluciones para abaratar la abultada factura sanitaria, el Principado cree imprescindible actuar para mitigar el colapso al que en muchas ocasiones se acercan los servicios de urgencias de los hospitales de la región. Y quiere hacerlo por la vía del paciente, aplicando una estrategia que permita racionalizar su uso. Para ello, el Gobierno regional propondrá un amplio acuerdo nacional que involucre al Estado y al conjunto de las comunidades autónomas, que consista en cobrar a los usuarios que acudan «de forma injustificada» a las urgencias hospitalarias cuando pueden solventar sus problemas en los centros de salud. Sería, pues, una medida de carácter disuasorio.

«No puede ser que una persona que sufre un dolor de cabeza acuda a las urgencias de un hospital, cuando resulta mucho más lógico que vaya al centro de atención primaria», señalan las fuentes del Ejecutivo consultadas por este periódico, que agregan que esta actitud, en el fondo, «perjudica a quienes sufren dolencias verdaderamente graves». Para evitarlo, se considera que una penalización económica sería una opción adecuada, de forma que quien visitase las urgencias hospitalarias sin necesidad real para ello tuviese que costear el servicio, en su totalidad o en una parte.

«Siempre, eso sí, se certificaría que el usuario ha abusado de las urgencias, que ha acudido a ellas de forma injustificada», aclaran estas fuentes, que aseveran que la intención no es en modo alguno recaudatoria, sino que persigue una mejora de la calidad del servicio. «Queremos que quien de verdad necesita acudir a las urgencias de un hospital pueda hacerlo en las mejores condiciones posibles», indican. Esto es, evitando las colas y las esperas que suele generar la fuerte presión asistencial a las que están sometidas las urgencias hospitalarias.

Para que esta propuesta pueda llevarse finalmente a la práctica hay un factor imprescindible, una condición 'sine qua non': que la medida se aplique en el conjunto del país, que sea consensuada por el Estado y las autonomías. «El Principado nunca lo haría en solitario», certifican estas fuentes. El Gobierno asturiano encaja esta actuación en un marco aún más amplio, dentro de un gran pacto nacional por la sostenibilidad del sistema de salud que considera «verdaderamente urgente».

Encarecimiento

Porque el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces tiene muy claro que, una vez zanjado el acuerdo de nueva financiación autonómica, el próximo pacto a encarar es el sanitario. El coste de la salud se ha encarecido exponencialmente en los últimos años y las arcas regionales sufren para hacer frente a semejante encarecimiento. La solución, a ojos de la administración asturiana, pasa por un amplio consenso nacional que asegure los recursos suficientes y garantice la sostenibilidad del sistema.

Para el Ejecutivo, la recién sellada financiación autonómica supone un alivio para la sanidad asturiana, pero en modo alguno una solución definitiva. De ahí la necesidad de un acuerdo específico. Porque los números que están sobre la mesa asustan. En 2008, por ejemplo, el presupuesto del Servicio de Salud (Sespa) alcanzó los 1.450 millones de euros, un 57% por encima de 2002, cuando se asumieron las competencias en la materia. El gasto sanitario per cápita ha pasado de 700 euros a 1.354 euros en ese mismo periodo. Analizando estas cifras, resulta evidente que las aportaciones adicionales de la financiación no son la panacea. En 2012, cuando el modelo esté a pleno rendimiento, Asturias recibirá 206 millones extra, que no sólo tendrán que dedicarse a sanidad, sino que también contribuirán a financiar otros servicios esenciales como la educación o las políticas sociales.

Abanico de soluciones

No es la primera vez que el Principado hace hincapié en la necesidad de un pacto para financiar la sanidad. A finales del pasado año ya trascendieron las negociaciones del Estado y de un abanico de autonomías, entre ellas Asturias, intentando sentar las bases de un posible acuerdo. Ya entonces se habló de soluciones polémicas, como el copago, e incluso se llegaron a analizar medidas que permitieran obtener ingresos adicionales, como si los pacientes deben abonar las comidas mientras están en los hospitales o si habría que abonar un canon por la utilización de las ambulancias. Estas conversaciones no parecen haber concluido en nada concreto, pero el encarecimiento de la factura sanitaria lleva a plantear de nuevo, y con más fuerza, la conveniencia de impulsar el acuerdo.

A la par que se trabaja en esta discusión nacional, el Principado también planifica medidas propias, que en este caso sí se pueden ejecutar directamente en Asturias. Ahí se enmarca su apelación a la responsabilidad al colectivo médico, instándoles a contener la emisión de recetas y la solicitud de pruebas diagnósticas en la medida de lo posible. Asimismo, trabaja en una racionalización de la actual estructura hospitalaria, intentando evitar que centros sanitarios situados a escasos kilómetros dupliquen los mismos servicios.